Llamado de atención ante la escasa escucha de los menores en causas penales

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados de una investigación sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales que los tienen por víctimas o testigos de violencia. El principal resultado expuesto, es el bajo nivel de escucha de los menores por parte de los actores judiciales.

Sobre un total analizado de 129 niñas, niños y adolescentes identificados/as como posibles víctimas o testigos de amenazas, hostigamiento o maltrato, solamente en el 17% de los expedientes la fiscalía solicitó su declaración. De ese porcentaje de declaraciones pedidas por quienes impulsan las investigaciones, sólo se produjeron efectivamente en el 2,3% del total de los casos.

«Las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia tienen una doble vulnerabilidad, de ahí la necesidad de adecuar los procesos y la práctica judicial para dar lugar a sus voces y garantizar entonces la robusta protección de sus derechos y su doble protección jurídica. Escuchar la voz de la propia víctima es una exigencia del sistema de protección integral de derechos de infancia, y permite avanzar en los procesos a partir de lo extraído en sus declaraciones, reparar a las víctimas y garantizar sus derechos», afirmó la Asesora General Tutelar, Yael Bendel.

Y agregó: «En los casos en los que se solicita declaración pero la misma no se realiza, la negativa a declarar provino de la misma niña, niño o adolescente o de su madre, o del proceso que finalizó por vías alternativas de solución de conflicto. Las normas internacionales y nacionales establecen estándares para la escucha de niños en los procesos penales, para evitar su revictimización. Deben estar a cargo de profesionales altamente capacitados, evitar la reiteración y realizarse en Salas de Entrevistas Especializadas».

En el informe también se analizaron 1807 expedientes tramitados por la Asesoría Tutelar del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 entre noviembre 2015 y octubre 2016, por hostigamiento, daños, amenazas, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En este grupo de causas, el 43% se archivaron, el 23% se resolvieron con una probatión (suspensión de juicio a prueba), el 18 % culminaron con sentencia en juicio oral, juicio abreviado o mediación, el 5% aún se encuentra en trámite, y de un 11% no se cuenta con información.

«Estos datos muestran la importancia de debatir el momento procesal en el que se deben escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes. Es posible advertir que en muchos casos las peticiones concretas de declaración no habían sido denegadas sino postergadas para etapas procesales avanzadas, lo que en la práctica se tradujo en una denegación diferida«, sostuvo la titular del Ministerio Público Tutelar.

Y concluyó: «Los magistrados tienen la obligación de ponderar sus declaraciones y no pueden apartarse de ellas sin fundamento suficiente. La investigación realizada nos dejó alertas y desafíos a futuro. Cuando se trata de personas menores de edad, la particular situación de vulnerabilidad nos impone desafíos especiales en esta tarea con un objetivo claro: garantizar de manera adecuada una protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Autor entrada: Redacción

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