El Colegio de Abogados levanta la voz en defensa del secreto profesional sobre el origen de los honorarios

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal expresó su posición crítica ante determinados requerimientos de información que enviara la Unidad de Información Financiera a ciertos abogados sobre el origen de sus honorarios.

Por medio de un comunicado oficial, la institución que congrega y representa a los abogados matriculados en la CABA, cuestionó al organismo a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el lavado, por «los errores conceptuales que trasunta el comunicado de la UIF, el cual parece tergiversar (entendemos que involuntariamente), los postulados fundamentales que rigen el Estado de Derecho garantizados en el texto constitucional».

«La infortunada aclaración que formula el comunicado sosteniendo que los abogados debemos defender el derecho y no el delito así como que debemos aspirar a que los fondos con los que nuestros clientes nos remuneran sean legítimos, a más de importar una falta ética consagrada en el artículo 14 del Código de Etica profesional, significa sencillamente intervertir el principio de inocencia para colocarnos en un lugar de sospecha absolutamente inaceptable. El tono admonitorio del comunicado excede, en mucho, la dignidad y la ecuanimidad debida  a los colegas y exigimos una pronta retractación. El uso del potencial sólo intenta disimular la violencia institucional que representa el texto que repudiamos con énfasis», expresa el comunicado del organismo presidido por Eduardo Awad.

«Todos los seres humanos tienen garantizado el derecho  de ser defendidos en juicio, sean cuales fueren los delitos que se le endilgan y, por sobre todas las cosas, tienen derecho a ser considerados inocentes hasta tanto recaiga sentencia judicial que establezca lo contrario. Por tanto, establecer la sospecha de ilegitimidad de los fondos utilizados por diversas personas para pagar los honorarios de los abogados, reiteramos, importa intervertir las más caras garantías constitucionales sobre las que descansa el Estado de Derecho. Empeora gravemente la situación que utilicen a los abogados para obtener la información que sencillamente podrían obtener proceso judicial mediante. Tampoco es suficiente lo establecido en el artículo 22; puesto que no se trata de guardar el secreto de la información sino de obtenerla fuera de la vía legal pertinente«, resalta.

Entre otros puntos, el CPACF sostiene que «en tanto la UIF reporte la operación del pago de honorarios como sospechosa, pues supone que el origen de los fondos es ilícito y formule las denuncias correspondientes al respecto, los abogados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa en forma completa y libre ante un magistrado»; que «el secreto profesional incluye la totalidad de la relación abogado-cliente, incluso la convención respecto de sus honorarios»; y que «la interpretación sesgada de la UIF sólo se basa en el interés de obtener datos que sencillamente podrían perseguirse bajo organismos fiscales o ante el Poder Judicial».

«Con lo que pretende la UIF los abogados penalistas deberían desaparecer ya que todo el dinero que reciben provendría del delito. A los penalistas se los contrata para defender de los delitos que pretenden que denuncien o, al menos, que se aparten de su defensa porque conocerían que es un ilícito. Es intervertir el principio de inocencia. Con el criterio de la UIF el ‘Gordo Valor’ no debió tener un abogado ni siquiera de oficio. La información que pretenden requerir debería ser solicitada por un juez ante quien la UIF previamente haya acudido para denunciar alguna operación que reporten sospechosa», remarcó el ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo.

Autor entrada: Redacción

Deja un comentario