Alquilar en la Argentina

El 1 y 2 de julio se realizará el encuentro “Alquilar en la Argentina: políticas y estrategias en la agenda de las elecciones 2019”, organizado por el CELS junto al Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Es un espacio de discusión sobre las problemáticas relacionadas con los alquileres y las conclusiones formarán un documento de recomendaciones para los y las candidatos/as de los diferentes espacios políticos.

En los últimos 20 años, el porcentaje de hogares inquilinos en el país aumentó más de siete puntos porcentuales. Esta tendencia significa un cambio sustantivo en la forma del acceso a una vivienda. Según los últimos datos oficiales disponibles, el porcentaje promedio actual de hogares inquilinos es el 18,8%. Este número supera al de la década del ochenta y es probable que los datos que arroje el censo 2020 superen o igualen los de la década del setenta.

Hoy, más de 7 millones de familias acceden a la vivienda a través del alquiler. En la mayoría de los conglomerados urbanos, al menos el 20% de los hogares alquila, y hay casos como los de la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Cuarto en donde supera el 30%. A pesar del fuerte proceso de inquilinización, la política de vivienda sigue abordando el alquiler como un estadio transitorio hacia la propiedad como modelo ideal de tenencia. Frente a importantes medidas de crédito y promoción de vivienda nueva, las iniciativas tendientes a regular el mercado de alquileres y mejorar las condiciones de acceso son escasas, dispersas y de bajo impacto.

En los últimos años, producto de una fuerte movilización social en el contexto del aumento acelerado de los precios de alquiler y frente a las dificultades impuestas por los contratos, el tema tuvo momentos de protagonismo en la discusión legislativa. Con todo, perdimos la oportunidad de contar con una nueva regulación nacional, ya que en 2016 la cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley impulsado por el Frente de Inquilinos Nacional, pero el año pasado, la cámara de Diputados no lo trató en el recinto, pese a tener un dictamen de mayoría. Ese proyecto proponía que la duración mínima del contrato sea de 3 años y que se incorporara un índice para promediar salarios e inflación a ser tenido en cuenta para los aumentos dentro de los contratos.

Autor entrada: Redacción

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