Se viene la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad

Así como a nivel nacional una reforma penal se avecina, en la Ciudad de Buenos Aires también se anuncian tiempos de debates con el Código Procesal Penal como eje.

El pasado lunes 18 de junio, ingresó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley impulsado por el Jefe de Gobierno porteño con el objetivo de modificar el régimen de procedimientos penales vigente en los tribunales locales.

“El siguiente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación parcial del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local”, se expresa en los fundamentos del proyecto.

En ese sentido, el proyecto de ley que se propicia sancionar introduce modificaciones al actual Código Procesal Penal, entre las que cabe destacar:
• Se realizan correcciones a lo largo del texto de diversos articules pasando de los términos expediente o causa al concepto de caso como elemento central de la investigación preparatoria en el marco de un proceso de neto corte acusatorio tal como lo estipula la Constitución de la Ciudad en su articulo 13.
• Incorpora los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales;
• Se alude al concepto de vidima, precisándose los alcances de la facultad de querellar cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o cuando éste se encuentre materialmente impedido para hacerlo;
• Prevé la unificación de querellas y su trámite;
• Se estipula el derecho de toda persona a designar letrado defensor de confianza, público o privado. desde el primer acto del procedimiento penal en un todo acorde con lo dispuesto por el art. 29 del cuerpo normativo.
• Agiliza el trámite por el cual la Cámara de Apelaciones resuelve las recusaciones de los jueces de primera instancia.
• En relación a la incapacidad sobreviniente del Imputado, el proyecto prevé que el juez pueda dictar medidas de resguardo en caso de peligro para sí o para terceros.
• Se contempla la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para la protección de las victimas y testigos.
• Con el objeto de promover la concentración de los plantees de las partes en la primera audiencia de medida cautelar que se tramite en un caso judicial o en su defecto en la audiencia del articulo 210, para garantizar que el imputado sea juzgado en un plazo
razonable y favorecer la economía y celeridad procesal.
• Se establece que las notificaciones y las vistas pueden ser a través de medios electrónicos. En ese sentido se establece que para los testigos residentes a más de 100 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrá utilizar un sistema de videoconferencias.
• Se regula el término de la investigación preparatoria mediante decisión Fiscal, en primer lugar, y luego bajo control judicial. También se precisa que ésta concluye con la formulación del requerimiento de juicio de la fiscalía, sin perjuicio de que con ultenoridad sea declarado nulo por la jurisdicción, otorgando un breve plazo para la reelaboración del mismo a los fines de evitar el vencimiento del plazo de la investigación.
• Se propone agregar el Capitulo 8, “Medidas especiales de investigación”, a los fines de brindar herramientas modernas para agilizar la Investigación, regulando cada uno de los institutos y sujetando su procedibilidad a un criterio restrictivo que respete los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad;
• Se incorporan medidas de investigación tales como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada como así también sus implicancias procesales. Además, la vigilancia acústica, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, vigilancia a través de equipos de captación de imagen, la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización, estableciendo las condiciones de registro y resguardo para garantizar su inalterabilidad y la cadena de custodia
• Se Incorpora el Capitulo 9. “Otros medios de prueba”, contemplando el supuesto de individualización de personas a través de la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN).
• Se recepta normativamente lo que ocurre en la práctica cotidiana de los tribunales locales, esto es, que los imputados aprehendidos en flagrancia recuperan su libertad desde la sede de la fiscalia interviniente.
• Se prevé la suspensión del plazo de duración de a investigación preparatoria cuando se declare la rebeldía del Imputado y además se establece que el primer llamado al acto de intimación del hecho interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal.
• Se incorporan diversos supuestos a los fines de determinar el peligro de fuga, siendo uno de ellos la existencia de una sentencia condenatoria a una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento. Asimismo, se adaptan los plazos al trámite que insumirán los
casos judiciales que se iniciarán ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de la aprobación del Convenio de Transferencia mencionado.
• Se precisa hasta qué momento del proceso penal es posible nevar a cabo una mediación o composición, su operatividad como causal suspensiva del plazo de  investigación preparatoria, y la prohibición de levar acuerdos cuando la pena en abstracto del
delito atribuído supere los seis (6) años de prisión o reclusión, o bien cuando el Imputado registre en su contra antecedente penal condenatorio.
• Se define en qué momento procesal la suspensión del proceso a prueba puede ser concedida, su operatividad como causal suspensiva del plazo de la Investigación preparatoria y la posibilidad de que su cumplimiento resulte monitoreado a través de medios tecnológicos.
• Se establece que la formulación del requerimiento de juicio de fiscalía interrumpe el curso de la prescripción y la posibilidad de que la querella adhiera a la requisitoria de juicio de la fiscalia interrumpiendo de Igual modo el devenir de la prescripción, a la par
que se aclara que la clausura provisional de la investigación preparatoria suspende su plazo de duración. De este modo se ajustan diversos artículos en relación con su relevancia en los términos interruptivos de la prescripción que fija el ad. 67 del Código Penal.
• Se contempla que la posibilidad de que las reglas de conducta impuestas con una pena de ejecución condicional resulten monitoreadas a través de medios tecnológicos.
• Se establece que el acuerdo de avenimiento puede ser pactado hasta los cinco (5) días posteriores de la notificación de la radicación del caso en el tribunal a cargo del juicio oral y público.
• Se agrega una causal para que la Cámara de Apelaciones rechace m ¡(mine los recursos de apelación, en consonancia con lo regulado por el articulo 30 de la Ley N°402.
• Se prevé la posibilidad de que el control del cumplimiento de la sentencia y de la detención domiciliaria se lleve a cabo a través de medios tecnológicos.
• También se contempla dentro de las medidas restrictivas, la inhabilitación provisoria para conducir en los casos de lesiones derivadas del uso de automotores.
• Se incorpora, para el caso de Investigaciones de delitos ocurridos en el contexto de violencia contra la mujer, especiales medidas restrictivas.
• Se ajustan diversos articulas en orden a concentrar los plantees a lo largo de la investigación en las audiencias de detención, de medidas alternativas o la audiencia que dispone el ad. 210, de modo tal de agilizar el proceso evitando dispendio de plantees a lo
largo de la investigación que Inyectan en una demora de los plazos procesales, garantizando de ese modo el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
• Se dispone la obligación de la Fiscalía de solicitar prisión preventiva cuando requiera pena de prisión de cumplimiento efectivo al momento de los alegatos. De ese modo, se garantiza el objeto del proceso penal al evitar la posibilidad de fuga del imputado a lo
largo de la etapa recursiva frente a una hipótesis de condena de efectivo cumplimiento.

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Autor entrada: Redacción

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