Por inconstitucional, la justicia frenó la ampliación del estacionamiento medido en los barrios

El titular del Juzgado Nº 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, resolvió el pasado 19 de junio hacer lugar parcialmente a la acción de amparo impulsada por el coordinador de la agrupación Protocomuna Caballito, Gustavo Desplats, en la cual se cuestionaba la legalidad de la ley que aprobó la ampliación del servicio de grúas y parquímetros a casi la totalidad de las comunas porteñas, y la licitación y concesión por diez años.

En la sentencia, el magistrado resolvió “declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 5 de la ley 5728, conjuntamente con sus Anexos, aclarando que idéntico reproche se hace extensivo a las cláusulas de su antecedente que regularon idénticas hipótesis, artículos 6, 7 y 8 de la ley 4888 y sus Anexos”.

La demanda planteada cuestionaba que la ley N° 5.728 fuera aprobada por mayoría absoluta (31 votos) y en simple lectura, cuando debió ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y cumpliendo el procedimiento de doble lectura con la realización de audiencia pública obligatoria. En el fallo judicial, el juez Ferrer entendió que se debió haber tratado la reforma normativa con el procedimiento de doble lectura y aprobada por mayoría especial, por lo que declaró la inconstitucionalidad de los artículos mencionados.

En los fundamentos de la sentencia, el magistrado subraya que “no se ha logrado acreditar que las normas cuestionadas en estos actuados hubieran consagrado excepciones a un régimen absoluto de gratuidad de estacionamiento, ya que este, como tal, no existía”.

“Resulta un hecho notorio, por otra parte, que las leyes cuestionadas ampliaron el espectro de arterias sujetas al Sistema de Estacionamiento Regulado. Circunstancia, por otra parte, que fue señalada en diversos medios de información. Ahora bien, dicha circunstancia, por sí, no es suficiente para configurar una excepción a un régimen general, si no es acredita antes la existencia de aquel”, afirmó el juez, rechazando uno de los argumentos del GCBA para considerar que la ley no requería de doble lectura.

Y agregó: “Una vez que se ha establecido que las leyes aquí cuestionadas debieron seguir el procedimiento de doble lectura, toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, cabe tener por cumplidos tales extremos también para determinar si debían ser aprobadas por mayoría agravada“.

Finalmente, el juez remarcó que no sólo por tratarse de una ley que requería de doble lectura, sino que también por el “plazo de vigencia del contrato de concesión diseñado mediante las leyes 4888 y 5728 que supera el plazo de cinco años previsto en el artículo 82, inciso 5º de la CCABA, cabe concluir que el requisito de la mayoría especial para su dictado también ha sido incumplido”.

“Las leyes 4888 y 5728 debieron haber contado, para su sanción, con la mayoría agravada consagrada en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA”, concluyó.

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Autor entrada: Redacción

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