La justicia suspendió la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en la Ciudad de Buenos Aires

La Justicia portena habilitó la feria para responder una solicitud planteada por la “Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios ASIMM” ante el incumplimiento de las medidas ordenadas y confirmadas por la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, a fin de regularizar la situación de las empresas de envíos y la de sus trabajadores.

En una resolución dictada este viernes 2 de agosto, el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado de Feria N° 2, ordenó de manera cautelar «suspender la actividad de reparto de mercaderías y entrega de sustancias alimenticias a domicilio en ciclorodados o motovehículos, por parte de toda empresa que no haya dado cumplimiento a lo prescipto por la Ley 5526 y su reglamentación, en las condiciones determinadas en la resolución dictada” el 6 de diciembre de 2018 y confirmada por la Cámara de Apelaciones el 10 de julio pasado.

El magistrado también ordenó a las empresas de tarjetas de crédito que “dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de todas las operaciones que por su conducto efectúen las empresas” Rappi, Glovo y Pedidos Ya en la CABA.

A su vez, la resolución requiere a las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya que presenten “en el plazo de 2 días, la nómina del personal afectado al servicio de reparto de mercaderías a domicilio y delivery, acreditando, en todos los casos, su correcta registración en cumplimiento con las normas laborales y provisionales vigentes y haber entregado a cada conductor bajo su exclusiva cuenta y cargo: i. casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria; ii. Caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo; iii. Comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos de trabajo vigentes; iv. Copia de las libretas sanitarias vigentes». «Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas», aclara la resolución difundida por el portal iJudicial.

En la sentencia, se ordena al Jefe de la Policía de la Ciudad que «a partir del día de la fecha y hasta nueva orden, disponga la realización en todo el ámbito de la CABA, de operativos en la vía pública, durante los cuales deberán identificar a los conductores afectados al trasporte de mercadería y verificar el uso de casco, indumentaria con bandas reflectivas, caja fija al vehículo y no colgada en la espalda, y libreta sanitaria». En caso de verificarse el incumplimiento de cualquiera de los puntos los agentes de la Policía de la Ciudad deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido, permitiendo al conductor continuar circulando con su vehículo.

En caso de detectar repartidores en infracción, se resolvió imponer a las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya “una sanción judicial pecuniaria de diez mil pesos por cada irregularidad verificadas”.

También se resolvió “hacer saber al Jefe de la Policía de la Ciudad y al Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria lo dispuesto en cumplimento de lo ordenado por la Cámara de Apelaciones del fuero. “En caso de no acatar cabalmente lo resuelto, se formulará sin más trámite la pertinente denuncia ante la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos de que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal”. El art. 248 prevé penas hasta dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo, para «el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». El art. 249 sanciona con multas e inhabilitación al «funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio».

La resolución fue dictada con el objeto de:

  • Regularizar las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente y la medida cautelar de este juzgado ratificada por la sentencia de la Cámara de Apelaciones.
  • Impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores.
  • Prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos.
  • Prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos.

Autor entrada: Redacción

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