La Justicia dio el ok a la audiencia pública por el aumento del Subte

 

El juez Guillermo Scheibler, en su calidad de juez subrogante del juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, resolvió rechazar una medida cautelar que solicitaba que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Estatal (SBASE) presentar y publicar en forma completa la totalidad de la información y documentación referida a la explotación del servicio de Subte, así como que se suspenda el decreto 77/GCBA/18 del 15 de marzo de 2018 y que se ordene a las demandadas abstenerse de llevar adelante la audiencia pública convocada para el jueves 19 de abril, en la que se trataría la tarifa técnica y la modificación del cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte.

El magistrado analizó los planteos efectuados por los legisladores porteños Myriam Bregman y Patricio del Corro, y el miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Claudio Dellacarbonara para el cuestionamiento de la nueva convocatoria, centrados en críticas al horario, la no publicación total de la información en internet, y la supuesta falta de posibilidad para fotocopiar el material informativo, entre otros puntos.

En primer lugar, el juez ratificó el horario, ya que “la previsión de un alto número de expositores (basado en la cantidad de oradores registrados en audiencias públicas de temática similar de los últimos tiempos) torna razonable la decisión adoptada, a fin de intentar evitar finalizar la audiencia a altas horas de la noche o extender su duración a más de una jornada”.“En ese contexto, no es posible concluir que el horario fijado implique una decisión que se aparte de modo arbitrario o manifiesto del mandato legal, en cuanto el propio artículo 42 de la ley 6, refiere a la posibilidad de que ‘circunstancias especiales tornen aconsejable otro horario’, agregó.

En relación al reclamo de los demandantes sobre la “No publicación de toda la información en Internet”, Scheibler explicó que “las normas específicas realmente existentes aún no establecen tal obligación para la Administración”, por más que “la puesta a disposición online de la ciudadanía de toda la información vinculada a la temática de la audiencia pública debiera constituir un estándar mínimo de accesibilidad y que “ya bien entrados en el siglo XXI y en la era de la digitalización total y el omnipresente streaming, la obligación de consultar ‘decenas de cajas’ con información en papel constituye claramente un anacronismo difícil de justificar”.

En cuarto lugar, en cuanto al cuestionamiento del horario reducido y falta de posibilidad de fotocopiar la documentación, el magistrado lo desestimó por la imposibilidad de considerar reunida la verosimilitud. “La actora no ha acompañado ni ofrecido elementos de prueba que sustenten tal afirmación (constatación notarial, testimoniales, grabaciones, etc.) ni resulta posible realizar un reconocimento judicial en tiempo útil en el lugar —en tanto el plazo para consultar la documentación finalizó el día 13 de abril, misma fecha en que se inició este proceso—”, advirtió y añadió: “Tengo para mí que si existe la posibilidad de extraer fotocopias —va de suyo que lo óptimo es consultar la documentación por internet—, lo acotado del horario de consulta no afecta la posibilidad de tomar debido conocimiento de la información necesaria para poder ejercer una participación útil y en pie de igualdad en la audiencia pública”.

Tras desestimar los cuestionamientos planteados por los amparistas, el juez entendió que no se reunían las condiciones para hacer lugar a la suspensión cautelar por lo que rechazó el pedido.

 

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Autor entrada: Redacción

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