Inmobiliarias: ¿vuelven las comisiones?

En agosto del año pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la prohibición de cobro de comisiones inmobiliarias a los inquilinos de viviendas, y estableció que el monto máximo que los corredores inmobiliarios pueden cobrar (el 4.15% del total del contrato) deberá ser abonado por el propietario. A menos de un mes de promulgarse dicha ley, una asociación civil que congrega a Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la justicia porteña para reclamar, vía acción de amparo, que “se dejen sin efecto las leyes 5859 y su decreto reglamentario, por resultar nulas, carentes de motivación suficiente, controvertir el principio rector de legalidad, y por ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta”.

Si bien la Legislatura de la Ciudad sancionó dicha ley con el objetivo de despejar toda duda sobre quién debe hacerse cargo de pagar las comisiones y honorarios en casos de alquiler de viviendas, y cuánto es el porcentaje máximo que las inmobiliarias pueden cobrar, el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad recurrió a los tribunales no sólo cuestionando la legalidad de dicha norma, sino también solicitando el dictado de una medida cautelar de no innovar, que ordene la suspensión de la ley 5859, de modo “que se permita a los corredores inmobiliarios percibir cuanto menos el 4,15% del monto del contrato de parte de los inquilinos”.

El 28 de diciembre pasado, el juez Lisandro Fastman, a cargo del juzgado N° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió “rechazar la medida cautelar solicitada, entendiendo que al pretender “alterar la situación de hecho existente a partir de la ya entrada en vigencia de la ley cuestionada”, se requiere “especial prudencia” y un análisis profundo “que habrá de hacerse en oportunidad de examinar la cuestión de fondo”.

Por tratarse de un caso en el que se debaten intereses colectivos -los de los corredores inmobiliarios, los de los propietarios, y también los de los inquilinos-, el juez dispuso una serie de medidas para poner en conocimiento de la ciudadanía la existencia del proceso,  para que “los interesados que así lo deseen puedan presentarse y tomar participación en la causa dentro del plazo común de diez (10) días hábiles judiciales“.

Aquellos interesados en el resultado del litigio, deberán presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, Piso 1° de la CABA, a cargo del Dr. Lisandro E. Fastman, Secretaría N°28 a cargo de la Dra. Mariana Llaneza, en el marco del expediente “CENTRO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – ASOCACIÓN CIVIL- Y OTROS SOBRE AMPARO” (EXP. 32880/2017-0).

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Autor entrada: Redacción

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