Imponen fecha límite para instalar vidrios de seguridad en todas las escuelas

Un año y medio fue el tiempo establecido por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que la administración comunal de pleno cumplimiento a la ley que establece que en los establecimientos educativos porteños deben reemplazarse los vidrios comunes, por vidrios de seguridad que eviten lesiones a los alumnos.

La orden judicial fue dictada por el juez Francisco Ferrer, titular del juzgado Nº 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo presentada contra el GCBA por la Asociación Civil Ciudadanos Libres Por la Calidad Institucional a fin de que se ordene la colocación de vidrios seguros de conformidad con las previsiones de la ley 2448, vigente desde 2007.

Si bien en el fallo se señala que en varias escuelas se concretó la instalación de vidrios que no se fragmentan de forma peligrosa al romperse, el magistrado  encontró que dichas obras no fueron realizadas en la totalidad de los establecimientos que ordena la ley. Por lo tanto, resolvió “declarar que el GCBA incurrió en una conducta manifiestamente ilegítima al no adecuar los restantes establecimientos educativos de gestión pública a los parámetros de vidrios de seguridad establecidos por ley 2448, afectando los derechos de la comunidad educativa, en particular a niños, niñas
y adolescentes, a la educación, seguridad e integridad personal”.

“En consecuencia, se ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que proceda a reemplazar en los establecimientos educativos de gestión pública todos los vidrios que no cumplan los parámetros de seguridad establecidos por la ley 2448”, dispuso el juez Ferrer, estableciendo “un término de un año y seis meses, contado a partir de la notificación de la presente, a efectos que el GCBA de cumplimiento total a lo aquí dispuesto”.

En la sentencia también se ordena al Ejecutivo porteño “presentar un relevamiento de todos los establecimientos educativos de gestión pública que contenga una evaluación individual de cada uno de ellos respecto al grado de adecuación a los parámetros establecidos por la ley 2448″. Y “proponer un programa de trabajo que abarque todos los establecimientos y que permita adecuarlos a los parámetros de la ley 2448 en el término de un año y seis meses”, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de sesenta.

Finalmente, el GCBA deberá presentar informes mensuales que den cuenta del
estado de avance del plan de trabajo y de cualquier evento que haya incidido sobre el
cronograma aprobado.

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Autor entrada: Redacción

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