En segunda instancia, la justicia porteña confirmó que el locador debe pagar las comisiones inmobiliarias

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió el pasado miércoles 2 de mayo “rechazar el recurso de apelación interpuesto” por  la asociación “Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires – Asociación Civil, y confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el juez Lisandro Fastman en la cual se rechazó el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda la Ley N° 5859 que establece el monto máximo de las comisiones inmobiliarias para alquileres de viviendas y deja el pago de dicho honorario en cabeza del locador.

Mediante una acción de amparo contra el GCBA, dicha asociación de corredores inmobiliarios solicitó que se deje sin efecto la Ley N° 5859 y su Decreto reglamentario, por considerar a estas normas nulas, ilegítimas y manifiestamente arbitrarias, entre otras razones, por entender que la administración porteña “carece de facultades para negarles a los corredores inmobiliarios el derecho a percibir una comisión de ambas partes de la relación locativa, siendo que, en su entender, ello es un derecho que el ordenamiento común les reconoce en los arts. 1350 y 1351 del CCCN”.

Según expresa el dictamen de la fiscal Nidia Cicero al cual se remitió la Cámara en su fallo, “la Ley N° 5859 dispuso un régimen particular en materia de locaciones de inmuebles destinados a vivienda cuyo locatario sea una persona física, en virtud del cual los corredores pueden percibir la comisión por la concreción del negocio sólo de los locadores –mas no de los inquilinos–, con un tope equivalente al 4,15% del monto total del contrato de locación (conf. arts. 1° y 2°)”; y “a diferencia de lo postulado por el apelante, la regulación local atacada se enmarca en las atribuciones que la Constitución local le confiere a la Legislatura para regular las actividades de corretaje inmobiliario en el territorio de la CABA”.

“Coincido con el magistrado de grado en cuanto entendió que el control judicial de razonabilidad es impropio del marco cautelar en el que se encuentra la causa, máxime si se trata de una acción colectiva y si a ello se suma el escaso trámite que ésta ha tenido hasta el presente”, sostiene el dictamen de la Fiscalía, que fundamentó la resolución de la Cámara.

Si bien la medida cautelar a fin de dejar sin efecto la Ley que regula las comisiones inmobiliarias fue rechazada en primera y segunda instancia, continúa en trámite la acción de amparo. Hasta tanto se resuelva dicha acción, la normativa que deja en cabeza de los locadores el pago de las comisiones continúa vigente y debe ser respetada, pudiendo aplicar sanciones a las inmobiliarias que no la respeten.

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Autor entrada: Redacción

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