Datos de la intimidad virtual, sólo con orden judicial

La Justicia porteña puso un límite claro a las investigaciones impulsadas por la fiscalía de cara a las posibilidades que las tecnologías de la comunicación e información presentan actualmente.

En un fallo dictado días atrás por el juez Pablo Casas, titular del Juzgado N° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, se declaró “la nulidad de las medidas dispuestas por el señor Fiscal relativas al pedido de informes cursados a la empresas de telefonía celular correspondiente al abonado +5400000000 en lo referido a la solicitud del listado de celdas de conexión habilitadas con su correspondiente ubicación geográfica“, entendiendo que dichas acciones no pueden ser adoptadas de oficio sino que requieren, al igual que un allanamiento domiciliario, de una orden dictada por un juez/a de garantías.

La resolución, el juez sostuvo que “en el marco de esta clase de investigaciones, los fiscales se encuentran legitimados […], para requerir autónomamente informes referidos a los datos básicos de los usuarios investigados (datos del titular de la cuenta, como ser, nombre, país, dirección, teléfonos, y demás información registrada; dirección de correo electrónico asociada; número de teléfono celular asociado; número de tarjeta de crédito asociada; dirección IP desde la que se creó la cuenta)”. Y entendió que esta capacidad de acción no incluye la solicitud del listado de celdas de conexión de un teléfono móvil con su correspondiente ubicación geográfica, “por tratarse de una medida que se encuentra ubicada en otra categoría de mayor sensibilidad, desde la perspectiva de la privacidad”.

“En efecto, considero que los usuarios de los teléfonos celulares mantienen una razonable expectativa de privacidad respecto del registro de los sucesivos y constantes movimientos que van quedando capturados por las celdas de geolocalización de las antenas de las empresas prestatarias del servicio, y por lo tanto, para que puedan ser reveladas en el marco de una investigación penal, se requiere la orden de un juez“, afirmó el magistrado.

Finalmente, y ante el pedido del fiscal de orden judicial para solicitar información a Facebook y Microsoft sobre un usuario investigado por la posible infracción al artículo 128 del Código Penal (pornografía infantil), el juez Pablo Casas hizo lugar a lo solicitado y libró oficios a ambas compañías para que brinden datos sobre registro de direcciones IP utilizadas para el acceso, con indicación de las fechas y horas pertinentes; información registrada del usuario en cuestión; e información sobre eventuales cambios de contraseña y las distintas y/o sucesivas cuentas de correo.

 

 

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Autor entrada: Redacción

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