Condenan a Coto por avergonzar a clienta ante sospecha de hurto

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolvió rechazar por mayoría, el planteo realizado por Coto Centro Integral de Comercializacion S. A. contra la multa de 30.000 pesos impuesta por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad, ante la denuncia de una clienta que manifestó haber sufrido en enero de 2012 maltrato por personal de vigilancia y perteneciente a la empresa, al sospechar que había hurtado un producto.

En la causa, analizada por la Sala I, se describe que la clienta fue “sometida por más de
15 minutos a una situación vergonzante” en la sucursal de la Av. Rivadavia 2846,  “soportado requisiciones reiteradas de sus pertenencias pasada la línea de cajas”. Y que frente a estos malos tratos, realizó una denuncia ante Coto, recibiendo un llamado telefónico como respuesta a su reclamo.

En el voto de mayoría, la jueza Mariana Díaz sostuvo que “no hubo una respuesta adecuada al reclamo efectuado, por cuanto el llamado telefónico realizado por el Subgerente de la sucursal no se ajustó a los parámetros establecidos en el artículo 4º de la ley Nº24.240 para cumplir debidamente con el deber de información”.

Por su parte, el camarista Carlos Balbín señaló que “el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor determina que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

“En este contexto, se advierte con claridad que Coto C.I.C.S.A. llevó adelante una conducta vejatoria o vergonzante respecto de la consumidora. En efecto, realizar una pormenorizada inspección de la compra realizada y requisar sus pertenencias constituye un trato que no solo dista de ser digno, sino que constituye una clara violación a lo dispuesto en el régimen protectorio citadoNo resulta admisible, pues, que un consumidor, luego de efectuar una compra, sea sometido a una inspección absolutamente desproporcionada, basándose únicamente en la mera creencia o sospecha por parte del personal de seguridad de que habría hurtado un producto que, en realidad, fue tomado de la góndola y, por cierto, devuelto en el mismo lugar”, sostuvo el juez.

Y agregó: “Esta situación de requisa y amedrentamiento público implicó, además, que tanto los empleados intervinientes como el resto de las personas allí presentes tomaran conocimiento de los productos comprados, y también de todas las pertenencias que llevaba la denunciante en su bolso de mano, afectando de modo directo su intimidad. En suma, entiendo que Coto C.I.C.S.A. no obró conforme el estándar requerido normativamente, afectando los derechos al trato digno y a la intimidad de la consumidora”.

El voto en minoría de la camarista Fabiana Schafrik se fundó en que “la autoridad sancionatoria ha pasado por alto que la propia denunciante reconoció que la empresa había brindado respuesta a su reclamo luego de realizar el llamado telefónico en el que el subgerente de la sucursal le ofreció que concurra al comercio a fin de que los empleados intervinientes en el hecho se disculparan personalmente”. La magistrada concluyó que “los antecedentes fácticos sobre los que reposó la resolución cuestionada son falsos, por lo que corresponderá declarar la nulidad de la DI-2017-596-DGDYPC por vicio en su causa”.-

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Autor entrada: Redacción

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