Casi 70 crímenes de odio en 6 meses

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presentó su Informe semestral, que abarca el período 1 de enero-30 de junio, que da cuenta sobre 69 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Del total de las personas de la comunidad LGBT+, víctimas de estos crímenes de odio, el 78 % de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 16 % se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 4 % de los casos le siguen las lesbianas; y por último, con el 2 % los varones trans.

De todos los crímenes de odio de este semestre, el 46 % de los casos (32) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir son asesinatos, suicidios y muertes por ausencia estructural del Estado; y el 54 % restante de los casos (37) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte. Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19 % de los casos son asesinatos; el 6 %, suicidios, y el 75 % restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estructural del Estado: hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estructural del Estado -todas ellas fueron de mujeres trans-.

En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas.

Las organizaciones sociales de diversidad sexual -en articulación con el INADI y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, lograron habilitar una línea del Potenciar Trabajo, específicamente para personas trans, con la intención de morigerar las precarias condiciones de existencia de las personas trans. A través del mismo, se incorporaron más de 3.500 personas trans a este programa, se entregaron más de 2.800 módulos alimentarios y se realizaron cientos de gestiones para impedir desalojos. 

Ha sido muy importante que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya establecido por Decreto el Cupo Laboral Trans, que establece que en el sector público, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de los mismos, por personas travestis, transexuales y transgénero, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Esto es un importante avance para la comunidad trans, ya que a pesar de contar desde 2012 con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género su promedio de vida sigue siendo de 35 a 40 años.

Sin embargo, desde la Federación Argentina LGBT+, junto con la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA Red Nacional), venimos luchando desde hace años por la aprobación de la Ley Integral Trans -como ya se aprobó en Uruguay-, que se encuentra actualmente presentada en el Congreso de la Nación. Es un proyecto de Ley que propone:

– el derecho al trabajo y el cupo en el ámbito público,
– el acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas,
– programas de terminalidad escolar y de vivienda,
– incentivos impositivos para empresas que tomen a personas trans.
– subsidios para cooperativas de personas trans,
– capacitaciones en diferentes oficios,
– asignaciones para personas trans mayores de 40 años,

-un conjunto de políticas públicas que promueven el ejercicio pleno, en condiciones de igualdad de derechos, que contribuyan a garantizar el respeto y la inclusión a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y de la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana.

Informe completo

Autor entrada: Redacción

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