Ayuda para padres y madres adolescentes en el cuidado de sus hijos en horario escolar

La Justicia de la Ciudad ordenó al Gobierno porteño que brinde apoyo a padres y madres adolescentes que concurren a un colegio secundario y no cuentan con ayuda familiar para el cuidado de sus hijos en horario de clases.

La medida dictada con carácter cautelar por la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordena la implementación de un dispositivo de apoyo en la Escuela de Comercio Nº 25 “Santiago de Liniers” ubicada en Av. Corrientes 4621, para garantizar la permanencia de los alumnos y alumnas en condición de paternidad y maternidad.

La resolución fue dictada a raíz de una acción de amparo impulsada por dos estudiantes patrocinados por la Defensa Pública y la Asesoría Tutelar, y según lo dispuesto, el Gobierno porteño deberá implementar el dispositivo de apoyo a los padres y madres adolescentes “en el término de 5 días”.

“Se encuentra liminarmente acreditada la existencia de un conjunto de alumnos y alumnas (alrededor de 30 estudiantes), cuya extensión justificaría la adopción de la medida requerida en el marco de un proceso  colectivo, sin que –en principio- se presente más viable el tratamiento y resolución individual de cada uno de los casos particulares, de modo tal que la solución integral y generalizada que se persigue se revela como adecuada”, sostuvo la magistrada en los fundamentos de su fallo.

El mecanismo de ayuda a los adolescentes padres y madres, deberá dar un adecuado cuidado a los hijos e hijas de los y las estudiantes que asisten al establecimiento durante el horario escolar.

El amparo fue iniciado por dos estudiantes con el patrocinio de la Defensora, Cecilia González de los Santos y por la Asesora Tutelar, Mabel López Oliva. La presentación alega que el Gobierno porteño omite disponer los recursos para la apertura de una sala que albergue a los niños/as y que tal omisión ocasiona que “tengan una asistencia irregular a clase, o concurran junto a sus hijos/as generando condiciones áulicas inadecuadas, e incluso conlleva a la interrupción de su escolaridad”. En particular, resalta la situación general de los padres adolescentes que concurren a esta escuela, quienes provienen de familias de escasos recursos, trabajan durante el día de modo informal y no tienen adultos que cuiden de sus hijos.

“Resulta indispensable garantizar el acceso a la educación y lograr romper el ciclo de exclusión del sistema que, de acontecer, no solo recae sobre las alumnas madres y los alumnos padres, sino que también se perpetúa en sus hijos e hijas”, aseguró De los Santos. Y agregó: “El ejercicio del derecho a la educación es fundamental para la construcción individual de las personas y de la sociedad en su conjunto”.

En su fallo, Tesone analizó la normativa vinculada al caso y destacó que en la causa amparan a los estudiantes diversos derechos. Entre ellos, el derecho a la educación; la obligatoriedad de cursar estudios de nivel medio; la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación, la permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo y disminuir la deserción; su obligación de asegurar la igualdad de géneros; la prioridad que tienen niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas; la prohibición de discriminación a estudiantes por embarazo, maternidad o paternidad; y la obligación estatal de garantizar el acceso y permanencia en el colegio de las alumnas embarazadas, así como su continuidad tras la maternidad y la provisión de salas de lactancia.

Por otra parte, recordó que la administración porteña dictó regulaciones para garantizar la permanencia de los alumnos y alumnas del ciclo medio en condición de paternidad y maternidad. Específicamente, destacó la resolución 949-SED-2005, que autoriza a estos estudiantes a concurrir con sus hijos al establecimiento en el que estudian.

También indicó que, según las pruebas aportadas, desde 2012 la comunidad educativa viene realizando presentaciones para solicitar una sala maternal y recursos para cuidar de los niños.

“La demandada no habría manifestado imposibilidad jurídica, fáctica ni edilicia ni carencia de recursos humanos ni económicos por los cuales no fuese procedente o viable la apertura de la sala solicitada”, señaló la jueza.  Y agregó que su falta de implementación sin aducir motivos concretos “aparece desprovista de fundamentos y, por ende, manifiestamente arbitraria”.

Por último, explicó que la medida intenta “efectivizar la igualdad entre varones y mujeres, coadyuvando a desarmar estereotipos sociales en cuanto a la preeminencia del cuidado materno sobre el paterno y contribuyendo a la educación –desde la propia escuela- en la equidad de las funciones de madres y padres con relación a los hijos”.

 

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Autor entrada: Redacción

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