Afiches de campaña en infracción son asunto electoral, no de publicidad prohibida

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad resolvió revocar una sentencia que condenaba a la alianza «Evolución» a pagar una multa de poco más de 40000 pesos por publicidad en vía pública en infracción durante la campaña electoral 2017. En la sentencia absolvió a la fuerza política liderada por Martín Lousteau entendiendo que no es la ley de Faltas la que debe aplicarse sino las normas electorales que establecen reglas y sanciones para la propaganda política.

Dejando en claro la diferencia entre publicidad en vía pública y afiches de propaganda política en campaña electoral, la Sala Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los camaristas Marcelo Vázquez, José Sáez Capel y Elizabeth Marum, revocaron una condena judicial impuesta a la agrupación política “Evolución” y la absolvieron, entendiendo que los afiches de propaganda política en vía pública colocados en espacios no habilitados no deberían haber sido caratulados como infracciones al artículo 3.1.1. de la ley 451 que regula las Faltas en la Ciudad de Buenos Aires, sino, que tendrían que haber sido juzgados en el marco de la leyes electorales que por tratarse de hechos ocurridos durante las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y generales de 2017.

“La propaganda gráfica en vía pública que los candidatos/as utilicen durante la campaña electoral, debe contener sin excepción la identificación de la imprenta que la realice. Dichos gastos, así como los resultantes de la contratación en los medios de comunicación, deberá contar en todos los casos con la documentación que acredite su contratación (art. 4, ley 268). El Gobierno de la Ciudad debe ofrecer a los partidos, confederaciones y alianzas que se presenten a la elección, espacios de publicidad en las pantallas de vía pública que estén a su disposición. Éstos se distribuirán respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación (art. 6, ley 268). Asimismo, esta ley prevé ciertas sanciones en caso de incumplimiento de lo que regula y establece ‘el tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conoce de las cuestiones que suscite la aplicación de la presente ley e impone las correspondientes sanciones‘ (art. 27, ley 268)», expresa la sentencia de Cámara.

Y remarca: «Con lo hasta aquí expuesto podría resultar suficiente para dar por explicado que el pretendido artículo del régimen de penalidades de faltas no es aplicable a la materia electoral que en cambio tiene un régimen de delitos, contravenciones y faltas propio regulado con la seriedad que reclama el tema y venimos subrayando (ver capítulo VI del Código Electoral Nacional, ley n° 19.945 que lleva por título “violación a la ley electoral, penas y régimen procesal” y capítulo IV, ley 268)».

Como conclusión, los camaristas afirmaron que «las autoridades administrativas y judiciales confundieron el sendero legal aplicable en función de la índole de los hechos que buscaron perseguir«.

«Frente a este panorama no existe a otra solución posible que revocar la condena en crisis y absolver a la extinta alianza pues toda pretensión de reencauzar el proceso, además de afectar la garantía constitucional que prohíben el juzgamiento múltiple reabriendo la discusión en etapas procesales ya precluidas, aparece descabellada desde cualquier punto de vista», cierra la sentencia.

Autor entrada: Redacción

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